SANTO DOMINGO. – En un fallo determinante para el curso de una de las investigaciones de presunta corrupción administrativa más complejas de los últimos años, un tribunal de la capital rechazó de forma categórica la solicitud de extinción de la acción penal presentada por las defensas de siete de los principales imputados en el denominado Caso Calamar.

Los abogados defensores buscaban el cierre del expediente argumentando el vencimiento de los plazos procesales máximos que establece la normativa penal dominicana. Sin embargo, los magistrados acogieron los planteamientos del Ministerio Público y de las partes querellantes, determinando que la complejidad del proceso, el elevado volumen de pruebas depositadas y las múltiples incidencias planteadas durante la etapa preliminar justifican la vigencia plena de la persecución penal.

Con esta resolución, el tribunal desestimó los incidentes presentados y dio luz verde para que el proceso avance hacia la fase de fondo. El Ministerio Público sostiene en sus imputaciones la existencia de una supuesta red que habría desviado miles de millones de pesos del erario público mediante la emisión irregular de pagos por expropiaciones de terrenos y cobros ilícitos.

Tras la notificación del fallo, representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) valoraron la decisión como un paso sólido en favor de la tutela judicial efectiva y el combate a la impunidad. Por su parte, la defensa de los encartados adelantó que evalúa los mecanismos legales correspondientes para recurrir la medida.

El tribunal fijó la próxima audiencia para dar continuidad al calendario de comparecencias de querellantes y la presentación de los elementos probatorios.

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