redacción El republicano
La República Dominicana logró un triunfo decisivo en el ámbito jurídico internacional tras recibir un laudo enteramente favorable dictado el pasado 19 de agosto de 2026. El Tribunal Arbitral desestimó la totalidad de las pretensiones presentadas por el inversionista francés Yves Martine Garnier, quien exigía una indemnización superior a los US$100 millones de dólares (más de RD$5,882 millones de pesos).
El conflicto, administrado por la Corte Permanente de Arbitraje (caso núm. 2022-01), se originó tras la rescisión del contrato de concesión de gestión y recolección de residuos sólidos entre la empresa EGTT Dominicana, S.A. y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Tras examinar las pruebas, el tribunal concluyó que la cancelación del contrato fue totalmente válida bajo el derecho dominicano debido a las graves deficiencias en la prestación del servicio, descartando cualquier violación a las obligaciones del Acuerdo Bilateral de Inversiones entre Francia y la República Dominicana.
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, destacó el alcance de esta decisión:
«La defensa del Estado no es únicamente la defensa del erario: es la defensa de la seriedad con la que este país honra sus compromisos. La República Dominicana cumple sus obligaciones frente a los inversionistas extranjeros y, precisamente por ello, sostiene con firmeza sus posiciones cuando una reclamación carece de fundamento».
La estrategia legal del país fue coordinada de manera conjunta entre el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), la Alcaldía de Santo Domingo Este y el Ministerio de Justicia (entidad que asume la representación estatal en arbitrajes bajo la Ley núm. 80-25), contando además con la asesoría de la firma internacional Foley Hoag LLP. Con este fallo, el Gobierno reafirma su compromiso con la defensa activa de los fondos públicos y el fortalecimiento de la seguridad jurídica para la inversión extranjera.
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