Santo Domingo. — El Consejo de Ministros, bajo la dirección del presidente Luis Abinader, dio luz verde al anteproyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año fiscal 2027. La pieza legislativa alcanzará por primera vez en la historia del país un total de aproximadamente RD$2.037 billones (equivalentes a cerca de 2.37 billones de pesos entre erogaciones totales y aplicaciones financieras), marcando un punto de inflexión en las proyecciones de gasto público e inversión estatal.
La reunión, celebrada en el Palacio Nacional con la participación de la plana mayor del equipo económico y gubernamental, trazó la hoja de ruta financiera para el próximo ciclo presupuestario, sustentada en un crecimiento estimado del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado en 4.75 % y una inflación controlada en torno al 4.5 %.
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El rasgo distintivo de la pieza económica aprobada es el marcado aumento en la partida destinada a las obras de infraestructura. Según detallaron las autoridades presupuestarias, el gasto de capital experimentará un crecimiento interanual cercano al 19.7 % en comparación con el presupuesto base del año anterior, buscando dinamizar la economía a través de la construcción y el desarrollo territorial.
El gasto corriente también mostrará un ajuste al alza, orientado a cubrir demandas sociales críticas, entre las que destacan nuevos incentivos para el personal de enfermería en el Servicio Nacional de Salud y reajustes vinculados al desempeño docente dentro del sector educativo.
Marco fiscal e ingresos
Las estimaciones fiscales oficiales contemplan ingresos corrientes proyectados en RD1.51billones(alrededordel15.71.83 billones. Este balance arroja un déficit fiscal estimado de RD$327,000 millones (equivalente a un 3.4 % del PIB).
Para amortiguar dicho déficit y hacer frente a las obligaciones financieras y el servicio de la deuda, el Poder Ejecutivo prevé necesidades de financiamiento que rondarán los RD$526,000 millones.
El anteproyecto será depositado de forma oficial ante el Congreso Nacional dentro del plazo constitucional para su posterior ponderación, debate y eventual aprobación por parte de las cámaras legislativas.
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