redacción El republicano
La reciente decisión del presidente Luis Abinader de emitir el Decreto 615-26, mediante el cual se declara de alto interés nacional el combate al ecocidio y se encuadran las agresiones sistemáticas contra los parques nacionales como «terrorismo ambiental», marca un hito contundente en la política de preservación de los recursos naturales del país. La advertencia es clara: quienes atenten contra las cuencas hidrográficas, las reservas forestales o provoquen incendios intencionados enfrentarán consecuencias penales severas que podrían alcanzar hasta 30 años de prisión.
Durante décadas, la depredación ambiental ha sido tratada con una tibieza permisiva. Incendios en áreas como la Sierra de Bahoruco, la tala indiscriminada para el carbón furtivo y la extracción ilícita de agregados en los ríos han sido tipificados con frecuencia como simples faltas administrativas o delitos menores, permitiendo que los responsables recuperen la libertad en cuestión de días. Elevar estas prácticas a la categoría de amenaza contra la seguridad nacional no es una desproporción conceptual; es reconocer que despojar al país de sus fuentes de agua, bosques y biodiversidad equivale a atentar contra la supervivencia misma de la nación.
Sin embargo, un decreto firme y el aumento de penas no son suficientes por sí solos. La efectividad de esta medida dependerá de dos pilares esenciales:
Sanción sin distinción: La ley debe aplicarse con la misma severidad tanto al ejecutor material que opera en el terreno como a las estructuras de financiamiento u organizaciones que patrocinan y se benefician del crimen ambiental.
Fortalecimiento institucional: El Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) y el Ministerio Público requirieren de presupuestos robustos, tecnología de monitoreo y presencia efectiva para evitar que las normas queden en papel mojado.
La declaración de terrorismo ambiental establece un deslinde jurídico indispensable frente al crimen ecológico. Pero el desafío definitivo va más allá de las patrullas o las celdas: radica en construir una verdadera cultura de custodia territorial donde la protección del patrimonio natural se asuma como un deber irrenunciable e indivisible de toda la sociedad.
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