redacción El republicano
La advertencia lanzada por la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) sobre la posible suspensión del cobro con tarjetas de crédito y débito en las estaciones de servicio enciende las alarmas en el dinamismo económico nacional. El reclamo del sector radica en las altas comisiones aplicadas por los procesadores de pagos y entidades bancarias, las cuales —según los detallistas— merman de forma insostenible sus márgenes de beneficio al absorber casi un 27 % de su utilidad bruta.
Aunque el conflicto financiero entre los distribuidores de combustible y la banca tiene fundamentos contables legítimos que deben revisarse, trasladar la presión de esta disputa al usuario final representa una medida desproporcionada con repercusiones negativas para toda la sociedad.
Un golpe directo a la bancarización y la modernización
La primera y más evidente consecuencia de suspender los pagos electrónicos en las estaciones de servicio es el retroceso en la inclusión financiera y la digitalización de la economía. En una era donde el país promueve la reducción del uso de efectivo para mejorar la trazabilidad y la eficiencia comercial, obligar a los ciudadanos a pagar los combustibles exclusivamente en efectivo es un salto al pasado.
Riesgo de seguridad ciudadana
El manejo masivo de dinero en efectivo genera una vulnerabilidad directa. Tanto para los conductores —que deberán acudir a cajeros automáticos y portar sumas considerables para abastecerse— como para los dependientes y dueños de las estaciones, acumular grandes volúmenes de billetes convierte a los pisteros y a los negocios en un blanco inmediato para la delincuencia.
Ficción de liquidez y fricción comercial
Para el consumidor promedio, la tarjeta de crédito no es solo una comodidad, sino una herramienta presupuestaria. Retirar este canal de pago afecta el consumo de las familias que dependen del crédito para movilizarse antes de cobrar sus salarios. Asimismo, generará largas filas e interrupciones en el flujo de tráfico en las estaciones, obstaculizando las operaciones del transporte público y de carga.
El llamado a la concertación
El Gobierno, la banca y el sector detallista no pueden permitir que este conflicto escale hasta afectar el día a día de millones de dominicanos. La solución no reside en eliminar los verifones, sino en sentar a las partes en una mesa de negociación transparente donde se revisen los esquemas de comisiones y se busquen tarifas competitivas ajustadas a la realidad del mercado.
Garantizar la sostenibilidad económica de las gasolineras es una necesidad real, pero debe lograrse mediante el diálogo institucional, sin sacrificar la seguridad, la tranquilidad ni la modernidad a la que el ciudadano tiene derecho.
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