redacción El republicano
La sociedad dominicana amanece consternada ante la tragedia que conmociona al sector Brisa Oriental y a la clase artística nacional: el violento ataque en su propia residencia contra el merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, popularmente conocido como Julián Oro Duro, un hecho atroz en el que resultó gravemente herido el artista y fue vilmente asesinada su esposa, Zeneida Socorro Castillo. Más allá del dolor que embarga a una familia de arraigo popular, el suceso abre una interrogante punzante y generalizada en el seno de la dominicanidad: ¿quién cuida al hombre de trabajo?
Julián Oro Duro encarna la figura del ciudadano que ha construido su vida a base de esfuerzo, talento y dinamismo laboral. Sin embargo, la irrupción sangrienta en la intimidad de su hogar pone de manifiesto una vulnerabilidad lacerante que no distingue entre figuras públicas y ciudadanos anónimos. Cuando la delincuencia pierde el pudor y traspasa el umbral del hogar familiar para infligir terror, saña y muerte, el pacto social de seguridad ciudadana tambalea en sus cimientos más elementales.
Las hipótesis legales vertidas por la defensa del artista apuntan a un patrón de planificación que supera la narrativa del simple atraco fortuito, abriendo aristas sombrías sobre la posible existencia de autores intelectuales o tramas dirigidas. Corresponde al Ministerio Público y a la Policía Nacional actuar con rigor técnico, celeridad y absoluta transparencia institucional. En este punto, resulta imperativo acoger la advertencia del debido proceso: los responsables deben ser capturados con vida y llevados ante los tribunales. La tentación de resolver estos episodios mediante el intercambio de disparos solo consigue enterrar la verdad, neutralizar a los gatilleros y dejar impunes a las estructuras o coordinadores que operan en las sombras.
El país no soporta más diagnósticos sobre la criminalidad ni discursos evasivos sobre la percepción de inseguridad. Proteger al hombre y a la mujer de trabajo —al obrero, al profesional, al comerciante, al artista— exige una respuesta estatal contundente: prevención efectiva, inteligencia policial, castigo ejemplar y garantías reales de que el hogar dominicano vuelva a ser un santuario infranqueable. La justicia para Julián Oro Duro y la memoria de su esposa no solo debe ser un clamor de solidaridad, sino el punto de inflexión para devolverle la tranquilidad a la familia dominicana.
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