redacción El republicano
La fisonomía de los principales corredores comerciales del país ha experimentado una transformación acelerada en los últimos años. Zonas históricas como las avenidas Duarte, Mella y José Martí en la capital exhiben hoy una notable proliferación de grandes tiendas de capital asiático. Este fenómeno, que responde a dinámicas globales de mercado y al libre flujo de inversiones, no puede abordarse desde el sesgo xenófobo ni desde el rechazo simplista a la inversión extranjera. Sin embargo, tampoco puede ignorarse el clamor del sector comercial tradicional, que advierte sobre un desequilibrio estructural que amenaza la sostenibilidad del tejido productivo local.
El meollo de la controversia no radica en la nacionalidad de los inversionistas, sino en las reglas del juego con las que se opera en el mercado. En las últimas semanas, gremios como la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) y asociaciones de detallistas han alzado la voz denunciando prácticas de competencia desleal, evasión impositiva, transacciones al margen del sistema bancario y sustitución rápida de razones sociales que dificultan la trazabilidad fiscal. A esto se suman las crecientes preocupaciones sobre la formalidad laboral y las normativas de edificación y seguridad.
Es imperativo reconocer las acciones recientes emprendidas por el Estado. Intervenciones conjuntas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) mandan una señal clara de supervisión. No obstante, el desafío exige consistencia y profundidad. Para preservar la estabilidad económica y la equidad social, la institucionalidad estatal debe guiarse por tres principios fundamentales:
Equidad tributaria y bancarización: Las obligaciones de emisión de comprobantes fiscales electrónicos, control de inventarios y transparencia bursátil deben aplicarse sin excepciones ni rezagos a todos los actores del mercado.
Fiscalización aduanera en origen y destino: Resulta primordial auditar las subvaluaciones de mercancías importadas para garantizar que los costos de entrada reflejen la realidad del mercado y no distorsionen los precios finales.
Cumplimiento de las leyes laborales y de permisología: La protección del empleo formal local exige verificar que todos los establecimientos respeten los salarios mínimos, la seguridad social, los límites migratorios y las normativas edilicias.
El desarrollo económico de la República Dominicana no requiere el cierre de fronteras al capital foráneo, pero sí exige que la competencia se dé en un terreno de juego nivelado. Permitir que un sector opere bajo un régimen de facto de informalidad o permisividad tributaria equivale a penalizar al empresario nacional que paga sus arbitrios, cumple sus deberes y genera empleos de calidad.
La ley no debe ser ni un mazo para discriminar ni un velo para la impunidad. La vara del cumplimiento legal debe ser exactamente la misma para todos: dominicanos o extranjeros. Solo así se garantizará la supervivencia del comercio local y se protegerá la salud fiscal de la Nación.
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