redacción El republicano
La reciente reunión a puerta cerrada del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para definir la permanencia de siete magistrados de la Suprema Corte de Justicia que han concluido su período constitucional vuelve a situar en el centro del debate público la madurez institucional del país. La labor de evaluación de los altos jueces no es un mero trámite administrativo; es la columna vertebral de la independencia judicial y del Estado de derecho.
Por un lado, el consenso inicial proyectado a favor de la continuidad de magistrados como Justiniano Montero, Francisco Jerez Mena y Rafael Vásquez Goico refleja la valoración del mérito, la trayectoria y la estabilidad en las altas cortes. Garantizar la permanencia de jueces idóneos previene interrupciones perjudiciales en la administración de justicia y consolida la memoria jurisprudencial.
Por otro lado, el panorama reservado que rodea la situación de los magistrados Vanessa Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Alejandro Bello Ferreras y Fran Soto Sánchez demuestra que la deliberación exige rigor y prudencia. Sin embargo, este rigor no debe ampararse de forma excesiva en el hermetismo. Aunque la deliberación privada guarde un espacio legítimo para el debate interno del consejo, la ciudadanía demanda criterios de evaluación fundamentados, objetivos e inquebrantables.
El CNM tiene en sus manos una oportunidad decisiva: asegurar que el mérito y la ética sean los únicos baremos para la ratificación o sustitución de un juez. La confianza en la justicia no solo depende de las sentencias emitidas en las salas de audiencia, sino también de la legitimidad y la nitidez con que se eligen y evalúan a sus máximos exponentes.
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