redacción El republicano
Las recientes intervenciones de la Dirección General de Migración (DGM) en el Gran Santo Domingo, que resultaron en la detención de decenas de extranjeros en situación migratoria irregular en establecimientos de comida —populares pica pollos— y en un balance global de más de 2,000 interdicciones en un solo fin de semana, reavivan el debate sobre la sostenibilidad y las formas del control migratorio en la República Dominicana.
El Estado tiene la atribución soberana e inalienable de fiscalizar sus fronteras y exigir el cumplimiento de la Ley General de Migración (N.º 285-04) en todo el territorio nacional. Nadie puede cuestionar la necesidad de regularizar el mercado laboral y sancionar la contratación informal o al margen de la ley. Sin embargo, la efectividad de estas políticas no se mide únicamente por la cifra de detenciones exhibida en los titulares, sino por el respeto irrestricto a los derechos fundamentales y la formalización de las responsabilidades patronales.
Puntos clave del escenario actual
Operativos en comercios: Intervenir lugares de trabajo exige protocolos claros que garanticen la seguridad de clientes y trabajadores, evitando situaciones de pánico o abusos de autoridad.
Corresponsabilidad empresarial: La fiscalización no debe centrarse exclusivamente en el eslabón más vulnerable —el trabajador informal—, sino en aplicar las sanciones correspondientes a los empleadores que vulneran las leyes laborales y migratorias al contratar personal sin la debida documentación.
Garantía del debido proceso: El flujo masivo de detenciones (más de 2,000 en un fin de semana) pone a prueba la capacidad logística y jurídica del Estado para asegurar depuraciones individuales rápidas, condiciones dignas en los centros de acopio y repatriaciones apegadas a los convenios internacionales.
Mandar señales de orden institucional es indispensable para el desarrollo socioeconómico del país. No obstante, el desafío de las autoridades radica en ejecutar operativos eficientes y sostenibles en el tiempo, donde la firmeza de la ley no entre en conflicto con el debido proceso y la dignidad humana.
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