En las últimas horas, la nación dominicana ha sido testigo de un despropósito legislativo que roza la traición histórica. El depósito en el Congreso Nacional de un proyecto de ley que pretende imponer la enseñanza obligatoria del idioma kréyol (creole) en las escuelas del país representa una afrenta directa a la perennidad de la República, a la memoria de nuestros Padres Fundadores y al espíritu mismo de la Carta Magna.

Sorprende e indigna que, en un momento donde la escuela pública dominicana clama por un rescate ético, académico e infraestructural, ciertos legisladores prefieran actuar como voceros de agendas ajenas al interés patrio. Pretender condicionar el currículo nacional para obligar a nuestros niños y jóvenes a asimilar la lengua del Estado vecino no es un ejercicio de «integración» ni de «modernización»; es una capitulación cultural, un atentado soberanista y una renuncia explícita a la defensa de nuestra identidad.

La Historia no perdona la ceguera política. La República Dominicana nació de la ruptura heroica de 1844 contra una dominación que buscó precisely borrar la lengua, las costumbres y la fe de los dominicanos. Imponer el kréyol en nuestras aulas equivale a desmantelar gradualmente, desde la base misma del sistema educativo, el muro intangible de la dominicanidad que costó sangre, sudor y sacrificio levantar. La lengua castellana es, junto al escudo, la bandera y el himno, una columna vertebral innegociable de la soberanía nacional.

Desde una óptica estrictamente republicana, la función social de la escuela dominicana es formar ciudadanos conscientes de sus deberes, orgullosos de su legado e instruidos en las herramientas del siglo XXI: las ciencias, las matemáticas, el español y las lenguas de proyección global como el inglés. Convertir el aula en un laboratorio de subordinación cultural viola el derecho fundamental de las familias dominicanas a recibir una educación libre de condicionamientos ideológicos o compromisos geopolíticos que atentan contra la estabilidad de la nación.

Hacemos un llamado de alerta máxima a la sociedad civil, a los maestros, a las familias y a los verdaderos patriotas dentro del Congreso. Proyectos de esta naturaleza no deben ser objeto de debate complaciente ni de postergación burocrática; deben ser rechazados de plano y sepultados en el archivo del olvido con el repudio que merecen.

La Patria no es un lienzo en blanco para experimentar con la soberanía. El Congreso está llamado a legislar para proteger el destino dominicano, no para allanar el camino de su disolución cultural. Que no se equivoquen: el pueblo dominicano sabrá ponerse de pie en la defensa inquebrantable de su historia, su cultura y su libertad.

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